Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica (SJM) y American Friends Service Committee (AFSC), presentamos nuestros hallazgos y recomendaciones tras la visita de monitoreo de derechos humanos que realizamos el pasado 10 de abril al Centro de Atención Temporal para Migrantes y Estación Migratoria Sur (CATEM-EMISUR) adonde fueron trasladadas las personas expulsadas arbitrariamente por el gobierno de los Estados Unidos el mes de febrero.
Las organizaciones que participamos en esta visita realizamos un llamado urgente ante la grave situación de vulnerabilidad y falta de acceso a derechos que enfrentan estas personas migrantes y con necesidad de protección internacional, quienes estuvieron 2 meses en situación de detención arbitraria y que aún requieren acceso efectivo a información, mecanismos de protección internacional y al pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Expresamos, además, nuestra profunda preocupación porque el gobierno de Costa Rica, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos de América, haya asumido prácticas que han expuesto a estas personas —incluyendo niñas, niños y adolescentes— a un entorno torturante caracterizado por privaciones arbitrarias e ilegales a su libertad, retención indebida de sus documentos de identidad y falta de información adecuada en sus idiomas. Esto, con un impacto a la salud, la integridad física y emocional, así como a los proyectos de vida de estas personas.
En este documento presentamos los principales hallazgos de nuestra visita, así como recomendaciones de posibles respuestas que el Estado costarricense puede implementar en esta etapa para cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos de las personas expulsadas y que aún permanecen en territorio costarricense. Asimismo, presentamos algunas consideraciones tendientes a evitar la repetición de vulneraciones como las que hasta ahora se han registrado a partir de esta situación.
