24 de octubre de 2024.— En Guatemala, miles de personas han sido obligadas a huir de sus comunidades y trasladarse a otros lugares dentro del país, debido a diversas amenazas que comprometen su seguridad y bienestar. Este fenómeno se llama desplazamiento forzado interno (DFI), e implica abandonar un lugar de vivienda, perder insumos de trabajo, redes familiares y comunitarias, así como la vida cotidiana. Esto deja a las personas y comunidades en estado de vulnerabilidad y desprotección.
Según una investigación de la Universidad Rafael Landívar (URL), durante el periodo 2012-2022, en el país se reportaron 231 desalojos, siendo Guatemala y Alta Verapaz los departamentos con más casos. A esto se suman 29,925 eventos de DFI en contexto de la temporada de lluvias del año 2022. Además, recientemente la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, identificó 212,831 eventos de desplazamiento forzado interno en contexto de violencias a nivel nacional (2000- 2023).
Las causas del DFI son diversas, complejas y a menudo se entrelazan entre sí. Entre éstas se puede identificar a la violencia criminal, intrafamiliar y por género. También los desastres socioambientales y el impacto de actividades extensivas y extractivas que incentivan la movilidad forzada. La violación a derechos humanos esenciales como el acceso al agua, vivienda y alimentación, son causal de este fenómeno. Estos ejemplos son apenas algunos de los impulsores que obligan a las personas a desplazarse de sus comunidades de origen o de su lugar de asentamiento.
Con el fin de visibilizar el fenómeno, el Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno lanza la campaña “Un lugar para tejer la vida”. Este esfuerzo comunicacional busca incentivar la conversación entre diversos actores sociales y hace un llamado a los liderazgos políticos y ciudadanía para que reconozcan el desplazamiento forzado interno, aporten a sus soluciones, así como a potenciar el desarrollo de las personas que sufren las consecuencias de esta forma de movilidad forzada a nivel nacional. Esta campaña se puede seguir a través de las redes sociales de las organizaciones que integran el Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno.
Ante esta realidad, el Grupo de Trabajo impulsa y promueve la aprobación de la Iniciativa de Ley 6292. Ley de Prevención y atención integral de personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno, por ser una respuesta ante la amenaza inminente que enfrentan personas, comunidades y poblaciones en todo el país, así como la falta de un mecanismo para atender y prevenir el fenómeno. La iniciativa de ley 6292 identifica los derechos de las personas desplazadas, reconocidos por el derecho nacional e internacional. Además, establece los mecanismos de prevención y define los parámetros de atención integral a las personas en condición de desplazamiento forzado interno o en riesgo de serlo.
Las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno son:
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Cristosal
- Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
- Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
- Mesa Nacional para las Migraciones (MENAMIG)
- Red Jesuita con Migrantes Guatemala
- Programa ACTuando Juntas Jotay
- Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar
