20 de marzo de 2025 — Desde el Observatorio de Movilidad Humana del Darién y otras rutas alternas, expresamos nuestra preocupación por las medidas adoptadas por Costa Rica y Panamá en relación con las personas que han sido forzadas a retornar a sus países de origen. Actualmente, los derechos de las personas que se encuentran en un flujo inverso hacia el sur del continente, o que fueron expulsadas de manera colectiva y en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica y Panamá, no están siendo garantizados.
Es fundamental reconocer que estos dos flujos presentan características distintas. Las personas que se ven forzadas a retornar por sus propios medios, en el contexto del flujo inverso, enfrentan un escenario de movilidad humana circular (movimiento de personas entre su lugar de origen y otros destinos, debido a condiciones de vulnerabilidad), caracterizado por condiciones deshumanizantes y tortuosas. Por otro lado, a aquellas que han sido expulsadas colectivamente por los Estados Unidos se les ha violentado su derecho a pedir y recibir protección internacional, así como a un debido proceso, a través de acuerdos carentes de transparencia que vulneran las obligaciones internacionales de los países involucrados.
Flujo inverso: un camino forzado de regreso al sur
Las dificultades de acceso a protección internacional en la región, la criminalización y violencia en los países de tránsito y destino, y la militarización de las fronteras han obligado a muchas personas migrantes y en necesidad de protección internacional a desistir y regresar de su tránsito al norte, o buscar otras alternativas, dando lugar a un flujo inverso desde el norte al sur del continente americano.
Debido a que Costa Rica y Panamá son geográficamente pasos obligados en la ruta de regreso hacia Sudamérica, las autoridades de ambos países establecieron inicialmente un protocolo para el flujo migratorio inverso. Este protocolo consistía en limitar su libre circulación al obligar a las personas a presentarse al Centro de Atención al Migrante (CATEM) en Costa Rica, para luego ser enviadas a las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) en Panamá. Sin embargo, el 13 de marzo de 2025, Panamá anunció el cierre de las ERM, por lo que, en la práctica, este operativo de flujo inverso se encuentra paralizado.
Ante este contexto, nos preocupa la falta de acompañamiento estatal, que agrava la situación de quienes ya se encuentran en una condición de profunda vulnerabilidad. Entre las principales deficiencias destacan la falta de información, la ausencia de asistencia humanitaria y la situación de abandono de estos grupos por parte de los Estados. A esto se suman los constantes cambios en las políticas de gestión migratoria, que, lejos de brindar soluciones, las obligan a recurrir a rutas más peligrosas, exponiéndolas a riesgos como la trata de personas o el tráfico ilícito con el fin de continuar su trayecto hacia el sur del continente.
Frente a este panorama, autoridades locales del municipio de Necoclí – en territorio colombiano fronterizo con Panamá – han solicitado al gobierno panameño que implemente y garantice medios de transporte seguros hacia Colombia, pues actualmente se estarían utilizando barcos de carga, que sin ningún tipo de regulación o control transportan a estas personas. Estas rutas de traslado marítimo exponen a las personas a accidentes y otros tipos de catástrofes, como ocurrió el 21 de febrero de 2025, cuando naufragó una embarcación y falleció una niña de ocho años. Además, una vez en Colombia, no hay información específica sobre los planes de contingencia para su recepción y las condiciones para atenderlas no son adecuadas en las comunidades de acogida, ya que las capacidades son limitadas.
Expulsiones colectivas desde Estados Unidos hacia Costa Rica y Panamá
Desde el 12 de febrero, Estados Unidos llevó a cabo la expulsión colectiva de 200 personas hacia Costa Rica y 299 personas hacia Panamá. La situación actual de las personas en Costa Rica y Panamá se ha caracterizado por la falta de acceso a información y asistencia humanitaria, la falta de asistencia legal y, en general, un contexto de desprotección. Ambos países, fomentan un entorno torturante que coloca a las personas expulsadas en una situación de desprotección e incertidumbre jurídica. Además, la ausencia de información adecuada impide verificar si se ha realizado un análisis individualizado de los riesgos que enfrentan las personas expulsadas de ser enviadas a su país de origen u otros destinos, donde su vida, integridad personal y libertad podrían estar en peligro.
Al llegar a Costa Rica, las personas fueron trasladadas directamente al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) – Sur, donde permanecen detenidas e incomunicadas. Además, enfrentan barreras lingüísticas y restricciones en el acceso a información, incluyendo la falta de claridad sobre los procedimientos migratorios aplicados o por aplicar, así como la negación de su derecho a solicitar protección internacional. En este contexto, algunas de ellas han sido repatriadas en procesos opacos que impiden la verificación del cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia.
En el caso de Panamá, luego de afirmar que no brindarían asilo a las personas expulsadas, las autoridades han determinado otorgar un permiso temporal de 30 días, prorrogable hasta 90 días, a quienes no hayan aceptado regresar a sus países presumiblemente por requerir protección internacional. Estas personas deben buscar por sus propios medios un tercer país al cual trasladarse. Quienes han sido liberadas de las ERM, han quedado en condiciones de abandono, sin un destino claro ni recursos para su manutención. En este contexto, muchas de ellas se han visto en la necesidad de recurrir a albergues gestionados por organizaciones de la sociedad civil, los cuales cuentan con capacidad limitada y requieren del apoyo estatal para continuar ofreciendo asistencia.
Desde el Observatorio del Darién, nos alarma que, en lugar de garantizar una asistencia digna e integral, los Estados sigan respondiendo con medidas que perpetúan la criminalización y obstaculizan en lugar de garantizar el derecho al asilo y a la protección internacional. Estas acciones no solo vulneran los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad humana, sino que también agravan su situación de riesgo, exponiéndolas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a la privación arbitraria de su libertad y la falta de acceso a información y asistencia legal adecuada. En este sentido, instamos a las autoridades de Costa Rica y Panamá a:
- Garantizar el acceso efectivo a la protección internacional de las personas en situación de movilidad humana, respetando su derecho a solicitar asilo y evitando la expulsión hacia países donde su vida o libertad estén en peligro.
- Adoptar medidas de seguridad y protección en los traslados del flujo inverso, evitando riesgos innecesarios y garantizando condiciones adecuadas para las personas en situación de movilidad humana, especialmente aquellas que viajan en condiciones de vulnerabilidad.
- Asegurar que la detención migratoria sea una medida de último recurso, utilizada únicamente bajo estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con un análisis individualizado de cada caso.
- Garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil para monitorear y apoyar a las personas en movilidad humana.
- Implementar una atención diferenciada para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando la cobertura de sus necesidades específicas con el nivel de protección adecuado.
- Reconocer a las personas integrantes de estos flujos como sujetas de derechos. Actuar y referirse a ellas desde el reconocimiento de su dignidad intrínseca y desde las obligaciones de humanidad y garantías que deben ofrecer Estados democráticos y comprometidos con los derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
- AfroResistance
- Asociación Centro de Derechos Laborales sin Fronteras de Costa Rica
- Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo
- Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Coalición Internacional contra la Detención (IDC)
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
- Espacio Encuentro de Mujeres
- Franciscans International
- Fundación Refugiados Unidos
- Red Franciscana para Migrantes (RFM)
- Red Jesuita con Migrantes – Latinoamérica y el Caribe
- Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR)
- The Washington Office on Latin America (WOLA)
Sobre el Observatorio de Movilidad Humana del Darién y otras rutas alternas
El Observatorio del Darién se conforma en septiembre de 2024 y agrupa a organizaciones locales, regionales e internacionales para abordar de manera integral y colaborativa los desafíos en la región. Su creación responde a la necesidad de comprender los retos que enfrentan las personas en situación de movilidad humana y de promover un trabajo conjunto para proteger sus derechos. Además, busca generar información actualizada y formular recomendaciones de políticas dirigidas a todos los actores relevantes, con énfasis en los Estados involucrados.
