- En nuevo informe, CEJIL, AFSC y el SJM-CR denuncian que el acuerdo de Costa Rica con EEUU expuso a personas migrantes a un continuo de violaciones de derechos humanos que jamás debió ocurrir.
- Demandan que el Estado se abstenga de firmar acuerdos de esta naturaleza y garantice el acceso de estas personas a protección internacional, así como a atención humanitaria, permisos de trabajo y otras medidas para su integración en el país.
San José, 8 de mayo de 2025.- Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Costa Rica participó en una serie de violaciones de derechos humanos contra personas migrantes expulsadas por el gobierno estadounidense. Al recibir a estas personas —incluidos niños, niñas y adolescentes—, detenerlas de forma arbitraria e ilegal por más de 60 días, negarles información adecuada y no garantizar el principio de no devolución, el Estado costarricense vulneró sus derechos a la salud, integridad física y emocional, así como sus proyectos de vida.
Adicionalmente, las organizaciones sostienen que las medidas asumidas por el Estado costarricense para poner fin a la detención, en particular, el establecimiento de un procedimiento temporal para la regularización migratoria, son insuficientes para reparar el daño cometido contra las personas migrantes y para garantizar su acceso a derechos y a una integración digna y segura en el país.
Esto se registra en un informe publicado el día de hoy por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC), organizaciones de derechos humanos que el pasado 10 de abril realizaron una visita de monitoreo al Centro de Atención Temporal para personas Migrantes (CATEM-EMISUR) en Paso Canoas, frontera con Panamá, donde las personas fueron detenidas, y que han brindado acompañamiento jurídico a varias de estas familias durante su estadía en Costa Rica.
Esta visita fue necesaria debido al acuerdo verbal entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, según el cual Costa Rica serviría como un “puente” de recepción y tránsito para las expulsiones colectivas de al menos 200 personas desde Estados Unidos. Para la fecha de la visita —la primera ocasión en que se permitió el ingreso al CATEM a organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil para reunirse con las personas expulsadas—, 94 personas provenientes de Rusia, Armenia, China, Nepal, India, República del Congo, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades permanecían en las instalaciones.
Hallazgos: Decenas de personas en el limbo
Las organizaciones pudieron brindar información a 60 personas y entrevistar a 24 respecto a su proceso de expulsión de Estados Unidos, su llegada a Costa Rica y sobre sus necesidades de protección. Entre sus hallazgos documentaron:
- Detención en Estados Unidos: En Estados Unidos, las personas detenidas afirman haber enfrentado condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, al permanecer, por ejemplo, en cuartos cerrados sin acceso a luz natural. Muchas de estas personas fueron expulsadas y separadas de sus familias a pesar de haber solicitado asilo, sin recibir asesoría legal ni información sobre su situación jurídica.
- Detención arbitraria en Costa Rica: En Costa Rica, las personas fueron trasladadas inmediatamente al CATEM donde sus documentos fueron retenidos y donde no tuvieron la posibilidad de moverse libremente sin escolta de la policía de migración, es decir, fueron detenidas de manera arbitraria e ilegal por más de 60 días.
- Falta de acceso a atención estatal: Las personas detenidas no tuvieron acceso a información en sus idiomas; no se les realizó un análisis individualizado que abordara sus necesidades de protección internacional; y tampoco recibieron atención integral, por ejemplo psicológica, por parte de instituciones del Estado costarricense.
- Faltas al principio de no devolución: Aunque la mayoría de personas tenía necesidades de acceder a refugio, el informe denuncia que, mediante el programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) —organización a la que el Estado delegó esta atención—, algunas personas pudieron ser devueltas a países donde su vida o integridad corría riesgo, sin un análisis que garantizara el principio de no devolución.
El informe concluye que, a más de dos meses de su llegada, la mayoría de personas que permanecen en el país no tiene la posibilidad de volver a sus países de origen ante el riesgo de enfrentar persecución o amenazas, pero tampoco tienen interés de solicitar refugio en Costa Rica. En palabras de una de las personas entrevistadas: “Es muy difícil para nosotras aquí en Costa Rica porque no conocemos el idioma, ni su cultura, ni las leyes, ni tenemos amigos ni familiares aquí”.
El 21 de abril, el gobierno de Costa Rica publicó una resolución que autoriza “la normalización migratoria de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América (…) mediante el establecimiento de un procedimiento especial”. A partir de esta resolución, las personas han podido transitar libremente fuera del CATEM y muchas han salido del país —aunque el gobierno no ha dado seguimiento a estos casos—. Sin embargo, las personas que continúan en el país se encuentran en un limbo, sin saber qué hacer ni cómo seguir con sus vidas, denuncian las organizaciones.
Necesidad de una respuesta amplia, integral y efectiva
Las organizaciones afirman que Costa Rica no debió aceptar ningún acuerdo que expusiera a personas migrantes a violaciones de derechos humanos, y exigen que el Estado se abstenga de prácticas similares en el futuro. Señalan, además, que al actuar como país receptor, Costa Rica tiene una serie de responsabilidades hacia esta población que debe garantizar en línea con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
Al respecto, reconocen el establecimiento del procedimiento especial de regularización migratoria, pero aseguran que esta resolución no resuelve la garantía de los derechos de las personas que permanecen en el país. Frente a ello, plantean una serie de recomendaciones al Estado costarricense. Entre ellas:
- Abstenerse de fomentar retornos a países en donde la vida de las personas migrantes esté en riesgo y garantizar el principio de no devolución, el derecho a solicitar asilo y otras formas de protección internacional.
- Interponer los buenos oficios para que terceros países de la elección de las personas migrantes accedan a sus solicitudes de protección internacional.
- Extender el plazo del procedimiento especial durante al menos 12 meses prorrogables por el mismo período y garantizar el apoyo humanitario que sea necesario durante este plazo, lo que incluye como mínimo hospedaje, alimentación, implementos de higiene y apoyo psicológico en sus idiomas natales
- Brindar a las personas que acepten la regularización migratoria un permiso de trabajo temporal, así como apoyo interinstitucional que facilite su integración en el país y les permita procurar sus medios de vida.
- Adoptar medidas específicas de protección para personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas sobrevivientes de violencia, personas mayores, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.
- Abstenerse de realizar nuevos acuerdos verbales o escritos con Estados Unidos o cualquier otro país que impliquen prácticas violatorias de los derechos humanos, como las expulsiones colectivas y la detención migratoria arbitraria.
Las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional para que ofrezcan protección a las personas expulsadas que lo requieran, y expresan su disposición de trabajar con las autoridades costarricenses en el seguimiento e implementación de sus recomendaciones.
El informe completo se puede revisar aquí.
