San José, 27 de junio de 2025.- La Sala Constitucional de Costa Rica declaró parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de las 200 personas migrantes que fueron deportadas desde Estados Unidos a Costa Rica en febrero de este año.
El proceso fuente interpuesto originalmente por el periodista Mauricio Herrera, con la participación como coadyuvantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC).
La Sala consideró que se vulneró el derecho a la libertad personal de las personas migrantes, ordenó su liberación y, además, “determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y en general, de tipo social requieren por parte del Estado”. El máximo tribunal condenó a las autoridades al pago de los daños y perjuicios ocasionados.
Esta decisión, única en la región, es un precedente fundamental para la protección de los derechos de las personas migrantes. Si bien la Sala señala que el acto de aceptar personas por razones humanitarias no está sujeto a control de constitucionalidad, sí pone límites claros al indicar que no se les puede privar de su libertad.
A su vez, reconoce que el Estado está obligado a garantizar otros derechos de estas personas, como el acceso a la salud, educación y vivienda, es decir, las actuaciones de las autoridades tienen consecuencias y no pueden dejarles en desprotección.
Desde CEJIL, el SJM-CR y AFSC saludamos esta decisión histórica que constituye una luz de esperanza para las miles de personas en situación de movilidad que ven vulnerados sus derechos de manera cotidiana.
Actualmente, 8 familias provenientes de Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, y Afganistán permanecen en el Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM) en el sur del país. Son familias integradas por madres, padres, niños, niñas y adolescentes. No tienen recursos económicos para sostenerse en Costa Rica, tampoco pueden regresar a sus países porque sus vidas corren peligro. Nunca quisieron voluntariamente venir a Costa Rica, y, sin embargo, fueron obligados a ingresar. Gracias a la decisión de la Sala Constitucional estas personas tienen un derecho a ser resarcidas por su injusta y arbitraria detención.
Confiamos que el gobierno de Costa Rica honrará su tradición histórica como un país respetuoso de los derechos humanos y cumplirá a cabalidad con la decisión constitucional. Solicitamos expresamente que se abstenga de aceptar a otras personas expulsadas en condiciones similares y eviten así incurrir en violaciones adicionales a los derechos humanos.
