Organizaciones urgen a gobierno estadounidense detener las expulsiones en la frontera y proteja a las sobrevivientes de violencia doméstica

San Francisco, CA y San José, 16 de abril de 2020.- En una carta enviada el día de hoy al Secretario Encargado de Seguridad Nacional Chad Wolf, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, en conjunto con ASISTA, el Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence, Tahirih Justice Center, y más de 180 organizaciones, hicieron un llamado al gobierno Trump para que rescinda su política de retornar a los solicitantes de asilo en la frontera. A la fecha, a través de esta política más de 7,000 solicitantes de asilo han sido expulsados sin ningún tipo de garantías legales. La carta de las organizaciones resalta que esta práctica pone en particular riesgo a las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.

“La actual crisis del COVID-19 solo aumenta las barreras que enfrentan las sobrevivientes de violencia de género al buscar asilo en los Estados Unidos,” escriben las organizaciones, notando que las órdenes de cuarentena han llevado a un aumento en casos de violencia doméstica a nivel mundial durante las últimas semanas. “En los últimos años, el Departamento de Justicia prácticamente le ha cerrado las puertas a las mujeres que buscan asilo luego de sufrir persecución por parte de sus parejas abusivas … El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ahora han aludido a la pandemia como justificación para cerrarle las fronteras por completo a los solicitantes de asilo”.

“Si no implementamos precauciones razonables en la frontera para proteger tanto la salud la salud pública como a los refugiados, y en cambio continuamos cerrándole las puertas a los más vulnerables, le fallaremos a quienes acuden a nosotros para recibir protección, incumpliremos nuestras obligaciones nacionales e internacionales, y desconoceremos nuestras propias tradiciones,” dicen los grupos. “Le urgimos [al DHS] que rescinda esta desastrosa política y la remplace con medidas específicas, razonables y proporcionales para proteger la salud pública y garantizar que las mujeres y los niños y niñas que huyen de la violencia doméstica, y otros refugiados, no sean retornados al peligro del que huyeron”.

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