Costa Rica: Organizaciones manifiestan apoyo ante decisión de incluir a la población migrante con estatus irregular en el plan vacunación contra Covid-19

San José, 30 de julio de 2021.- Ante el anuncio del gobierno costarricense de incluir a la población migrante en condición irregular en su plan de vacunación contra la COVID-19, organizaciones de sociedad civil enviaron una carta al Presidente de la República, el Ministro de Salud y la Coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expresando su apoyo a la decisión de garantizar la vacunación de todas las personas en el territorio costarricense.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica, Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia, organizaciones firmantes, recordaron que, desde una perspectiva de derechos humanos, la garantía del acceso a las vacunas debe ser de conformidad al principio de igualdad y no discriminación y recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que “los Estados deben garantizar que las personas migrantes tengan acceso a los programas de vacunación sin ninguna distinción basada en su nacionalidad o estatus migratorio, en igualdad de condiciones que las personas nacionales y residentes”.

Las organizaciones reconocieron además que las personas migrantes con un estatus migratorio irregular enfrentan problemas estructurales de exclusión y discriminación, y que, ante la falta de directrices claras sobre el acceso a los servicios de salud relacionados con el COVID-19, su vacunación ha quedado al arbitrio de los funcionarios de la CCSS.

Al respecto, las organizaciones instaron al gobierno a que el plan de vacunación que creará se enfoque en remover las barreras de facto que impiden el acceso equitativo a las vacunas por parte de las personas migrantes. Entre otras, llamaron al Estado costarricense a garantizar las siguientes medidas:

1. Evitar la implementación de medidas que provoquen discriminación indirecta de la población en cuestión, asegurando el libre y equitativo acceso al programa de vacunación.
2. Adoptar alternativas de registro para las personas migrantes que no cuenten con
   documentos de identificación ni historias médicas.
3. Promulgar salvaguardias en el acceso a las vacunas contra el covid-19 y la aplicación de la ley migratoria, esto con el fin de evitar el miedo o el riesgo de detención, deportación y otras sanciones por el estatus migratorio de las personas.
4. Realizar capacitaciones a funcionarios públicos, principalmente del área de salud, para la adecuada implementación del programa de vacunación a nivel nacional, garantizando el acceso equitativo.