San José, Costa Rica, 9 de julio de 2025.- Desde las organizaciones firmantes, saludamos y reconocemos como un paso positivo la Resolución D.JUR-0222-07-2025-JM, emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, mediante la cual se autoriza la normalización migratoria temporal por razones humanitarias de 25 personas migrantes expulsadas desde Estados Unidos y actualmente alojadas en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM).
De acuerdo con esta resolución, estas personas podrán permanecer de manera regular en el país por un periodo de 6 meses prorrogables, realizar actividades remuneradas por cuenta propia o en relación de dependencia, así como transitar libremente por el territorio nacional y pernoctar en el CATEM.
Consideramos que esta decisión constituye un avance relevante en la garantía del derecho a la protección internacional y es consecuente con las obligaciones internacionales del Estado costarricense en materia de derechos humanos, particularmente porque pone en el centro la dignidad humana. Hoy, las familias de Karine, Goar, German, Nadya, Azar, y otros en el CATEM podrán dormir un poco más tranquilas, sabiendo que se les reconoce como sujetas de derechos.
Si bien saludamos esta decisión como un avance, observamos con preocupación que no se incluye a otras personas que, aunque no permanecen en el CATEM, continúan en el país y se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Tal exclusión no tiene una base objetiva y puede exponer a estas personas a mayores riesgos de precarización o deportación.
Según lo señaló la Sala Constitucional en su reciente decisión, la regularización migratoria es solo un primer paso, el Estado debe además implementar medidas para satisfacer sus necesidades en salud, educación y vivienda. Es urgente que se adopten medidas para garantizar estos derechos, en particular de personas en situación de alta vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes que permanecen en el país.
Consideramos que las autoridades costarricenses tienen una responsabilidad reforzada de proteger a las personas expulsadas desde los Estados Unidos por haberles expuesto a una serie de violaciones a sus derechos humanos. Nuevamente instamos a las autoridades a adoptar acciones coordinadas que aseguren una respuesta integral conforme a la Constitución Política y las obligaciones internacionales.
Confiamos en que el Estado costarricense se abstendrá de asumir nuevos acuerdos que resulten en la violación de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, especialmente aquellas en necesidad de protección internacional por haber huido de situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad.
Firman:
American Friends Service Committee
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
