Este mes de noviembre se cumplen 20 años de la detención migratoria, prisión y tortura que enfrentó el señor Jesús Vélez Loor en la provincia del Darién en Panamá, y 12 años desde dictada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso. A dos décadas de los hechos; sin embargo, el caso continúa en la impunidad.
23 de noviembre de 2022.- En el año 2002, Jesús Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, dejó su país para migrar a Estados Unidos ante la situación económica que enfrentaba Ecuador. El 11 de noviembre de ese año, una vez en la provincia del Darién, Panamá, fue detenido por no portar documentación migratoria y condenado a prisión por ingresar de forma irregular al país.
A pesar de haber cometido solo una infracción migratoria, Jesús Vélez Loor enfrentó prisión en condiciones inhumanas y sufrió tortura y tratos crueles por parte de agentes estatales, hechos que denunció tras ser deportado a su país, pero que nunca fueron investigados.
El 23 de noviembre de 2010, ante los nulos avances de investigación a nivel nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en su caso, en la cual reconoció la responsabilidad de Panamá por las violaciones a los derechos humanos de Jesús Vélez Loor. Esta es la primera sentencia del Tribunal Interamericano sobre los derechos de personas migrantes en el continente.
En su sentencia, la Corte IDH destacó el deber de los Estados de garantizar a las personas migrantes sus derechos a la libertad, al debido proceso, acceso a la justicia de forma gratuita y el derecho a tener comunicación con su cuerpo consular. La Corte también estableció la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos y remarcó que las detenciones de personas migrantes deben ser excepcionales.
Asimismo, la Corte ordenó al Estado de Panamá una serie de medidas de reparación, entre ellas: conducir con la mayor diligencia y dentro de un plazo razonable, la investigación penal en relación con los hechos denunciados; implementar, en un plazo razonable, un programa de formación y capacitación para el personal del Servicio Nacional de Migración y Naturalización; y disponer de establecimientos con capacidad suficiente para alojar a las personas cuya detención sea necesaria y proporcionada, que ofrezcan condiciones materiales y un régimen acorde para personas migrantes, y cuyo personal sea civil y esté debidamente calificado y capacitado.
Sin embargo, a dos décadas de los hechos, Panamá no ha avanzado en la investigación de los hechos y el caso se mantiene impune. Además de ello, el 25 de marzo de 2019 el Juzgado Mixto del Circuito Judicial de la Provincia de Darién decretó la prescripción de la acción penal, un obstáculo en la identificación de las personas responsables de las violaciones de derechos humanos enfrentadas por Jesús Vélez Loor.
Frente a este contexto, el señor Jesús Vélez Loor y sus representantes desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), demandamos que el Estado de Panamá avance sin más dilaciones en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte, en particular respecto a la investigación de los hechos. Solicitamos también a la Corte IDH pronunciarse para impulsar el cumplimiento de su sentencia y para determinar la reapertura del proceso de investigación de manera oportuna, en particular, dado que la tortura es una grave violación de derechos humanos y hasta la fecha no se ha dado una investigación adecuada de lo ocurrido.
El cumplimiento de las medidas en este caso es fundamental para evitar que hechos como los enfrentados por Jesús Vélez Loor se repitan y para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en la provincia de Darién, particularmente en un contexto de significativo aumento del tránsito migratorio, en que, tan solo el pasado mes de octubre, al menos 59.773 migrantes cruzaron la selva en su camino al norte, una cifra sin precedentes.
En palabras de don Jesús: “Han sido 20 años de lucha constante, 20 años esperando respuestas. Al día de hoy, las personas responsables por las violencias que viví están libres y el Estado de Panamá, a través de la prescripción del delito, quiere mantener el caso en la más absoluta impunidad. Si se permite que el caso prescriba, se estaría dando lugar a los abusos cometidos en contra de las personas migrantes”.
Además, agregó que: “Hasta la fecha nunca he recibido asistencia médica para enfrentar las profundas secuelas de la tortura y la larga espera por el cumplimiento de la sentencia genera en mí una brutal angustia. Pero hoy sigo aquí, insistiendo, porque sé que buscar justicia para mí es buscar justicia para las personas migrantes de todo un continente. Hoy llamo a la Corte Interamericana a demandar que Panamá cumpla con sus obligaciones.
