Carta Art. 41: Riesgos para personas migrantes deportadas a Guatemala en el contexto de la pandemia

17 de junio de 2020.- El Instituto de Investigación sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar (IDGT-URL), la Red Jesuita para Migrantes Centroamérica y Norteamérica (CANA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con fundamento en las competencias que le otorga el artículo 41 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), solicitamos a la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado guatemalteco información respecto de los graves riesgos a la salud e integridad, junto con la violencia y estigmatización que  enfrentan las personas migrantes deportadas a Guatemala en el marco de la pandemia.

En la carta, presentamos información de contexto sobre la situación de las personas migrantes en el contexto de la pandemia por COVID-19 y las medidas de respuesta adoptadas por Guatemala. Posteriormente describimos las deportaciones de personas guatemaltecas desde Estados Unidos y México, y la posterior recepción de estas personas por parte del Estado guatemalteco. Finalmente, señalamos las situaciones de vulnerabilidad, estigmatización y violencia a las que estas personas se encuentran expuestas al volver a sus comunidades de origen, y solicitamos a la Comisión: 

• Solicite al Estado guatemalteco información sobre las personas migrantes deportadas, sus esfuerzos para recibir a esta población y las medidas específicas que está tomando para protegerlas y la comunidad guatemalteca contra el COVID-19, y recuerde el Estado de su obligación a garantizar una recepción adecuada en función de las necesidades específicas de las personas deportadas; y

• Solicite al Estado guatemalteco información sobre las medidas dirigidas a prevenir la situación de violencia y estigmatización que las personas deportadas enfrentan en sus comunidades y por parte de funcionarios estatales, e inste que el Estado adopte medidas positivas para sensibilizar a la población y prevenir actos de discriminación;

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