Guatemala como “tercer país seguro” y el problema de seguir siendo “Repúblicas Bananeras”

Por: Juan José Hurtado Paz y Paz – Director de la Asociación Pop No’j

26 de octubre de 2019.- En los fenómenos migratorios actuales se expresan los problemas estructurales de nuestros países y del mundo. 

La migración irregular es producto precisamente de una estructura económica, social, política y cultural injusta, patriarcal, clasista, racista, violenta y excluyente, que ha colocado a la mayoría de la población guatemalteca en condiciones de pobreza y pobreza extrema, negándole la posibilidad de una vida digna en sus lugares de origen.

Estas problemáticas se ven agravadas por la corrupción, la impunidad y la inestabilidad política que generan los gobernantes de nuestros países, que repercute en que no se invierta para atender las necesidades de la población y en la pérdida de esperanza, lo cual se traduce en mayor desesperación.

En este contexto, es difícil escribir sobre las decisiones de la administración Trump en el tema migratorio y sus consecuencias para nuestros países, y particularmente para Guatemala, cuando los hechos acontecen de manera precipitada, día a día, y muchos de ellos de manera secreta o encubierta, por lo que nos enfocaremos más en cuestiones generales de validez más permanente.

 

Políticas migratorias subordinadas a intereses económicos y a directrices de Trump​

Lo primero que puede decirse -y puede resultar algo demasiado obvio, pero se evidencia con lo que está ocurriendo y lo debemos tener muy presente- es que seguimos siendo países dependientes; seguimos siendo “Repúblicas Bananeras” y “Países Ocupados”.  Sigue habiendo un “Imperialismo Yanqui” que se impone sobre nuestros países y los gobiernos de nuestros países se someten a sus directrices en aras de intereses económicos que favorecen a minorías.  El dinero y en este caso, para Guatemala, la estabilidad macroeconómica está por encima de las vidas humanas.  Esa es la conclusión principal que sacamos cuando vemos lo que está ocurriendo en la región de México y Centroamérica en relación a las políticas migratorias.

Uno de los discursos principales para la política interna de los Estados Unidos del presidente Trump y sobre todo en su carrera para la reelección es la manipulación de la política externa, en la que prevalece la xenofobia y la decisión de impedir a toda costa la llegada a su país de migrantes irregulares provenientes del sur, evidenciando el clasismo o “aporofobia”, el racismo, la pigmentocracia, y la oposición a las diversidades de distinto tipo.  Si se tiene dinero, si se es blanco, proveniente de un país rico, con estudios universitarios, no hay ningún problema para entrar a Estados Unidos, pues se tendrá pasaporte, visa y todo en “orden” y “seguro” para estar y permanecer en ese país.

Para bloquear el paso de los “indeseables” (morenos, indígenas, pobres, con baja escolaridad, mujeres, niñas y niños, personas diversas y personas con discapacidad), se están estableciendo distintos acuerdos con los gobiernos de la región, desconocidos para la población, hechos a espaldas de los pueblos y no cuentan con el respaldo de estos, pero que se han traducido en mayor militarización y represión, inclusive con presencia directa de militares estadounidenses en los países de la región.

De parte de los Estados, sigue prevaleciendo el enfoque de “seguridad nacional” con las consecuentes prácticas de control, detención y deportación, por encima de un enfoque de derechos humanos y de “seguridad humana”.  Las y los migrantes reciben tratamiento de criminales, “terroristas” y se les persigue como tales.  En el caso de niñas y niños, se hace a un lado el principio del Interés Superior del Niño y la Niña, se les trata de manera cruel e inhumana, separándolos de sus familias.​

Concretamente en Guatemala, atendiendo a las presiones ejercidas desde Estados Unidos, en los primeros días del mes de julio, se echó a andar la “Operación Gobernanza”, con operativos policiales sobre carreteras donde transitan las y los migrantes, con la intención de detenerlos y deportarlos, incluso contraviniendo acuerdos asumidos regionalmente como es el CA-4 que permite la libre movilización de personas de Centroamérica únicamente con su documento de identificación personal propio del país de origen.

​​

Incertidumbre y descontento en Guatemala por el “acuerdo de asilo”

El 26 de julio, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, bajo la mirada del presidente de Donald Trump, el Ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart y Kevin McAleenan, Secretario Interino de Seguridad Nacional, firmaron un “Acuerdo Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección” para que personas que buscan asilo en Estados Unidos sean conducidas a Guatemala y hacer allí las gestiones.  En el caso de salvadoreños y hondureños, deberán buscar la calidad de refugiados en Guatemala.  En el mismo no se establece de dónde saldrán los recursos económicos para que Guatemala cumpla con esta función.  Tampoco se establecen los “beneficios” para Guatemala por servir de “Tercer País Seguro” (aunque no aparece con esas palabras en el texto del Acuerdo, así es calificado por el propio presidente Trump).  Se ha dicho que eso se plasmará en otros acuerdos.

No sabemos cuándo entrará en vigencia este Acuerdo, ni siquiera si llegará a concretarse, pues ha suscitado muchas reacciones adversas, las que se han expresado desde medidas de tipo legal, como recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad guatemalteco, así como en manifestaciones en las calles y carreteras del país.  El argumento más importante para la oposición es que si Guatemala no puede brindar seguridad y condiciones de vida a su ciudadanía, mucho menos podrá hacerlo a personas que llegan de otros países, para quienes es más difícil una inserción. Es decir que ni el poder Ejecutivo de Estados Unidos y mucho menos el de Guatemala la tienen fácil para que se apruebe e implemente el Acuerdo.  Están también otros poderes del Estado que aún deben pronunciarse y aprobarlo.​

Además, el Acuerdo fue firmado bajo presión, ante amenazas como: impedir que las y los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos envíen remesas a su país de origen o gravarlas con impuestos (sabiendo que las remesas son fuente fundamental de divisas para la economía guatemalteca y para la vida de las familias de los migrantes); prohibir el ingreso de guatemaltecos a los Estados Unidos, aunque tengan pasaporte y visa.  Incluso, en esos días, le negaron la visa a un equipo deportivo que debería viajar a Estados Unidos para jugar.  Un Acuerdo internacional firmado en esas condiciones carece de validez.

Como era de esperarse, las imposiciones del gobierno de Estados Unidos derivan en profundizar la inestabilidad y crisis políticas en nuestros países, lo que a su vez se traduce en mayor migración.

​​

Implicaciones de las medidas represivas y de control migratorio​

Está demostrado sobradamente que las medidas represivas y de control no logran detener la migración.  Eventualmente, lo podrán hacer de manera temporal, pero en tanto no se resuelvan los problemas de raíz que están provocando la migración irregular, esta continuará.  Las medidas de fuerza solo la van a hacer más difícil, más riesgosa y más costosa – en todo sentido -. Ello significa más muertos en el intento de migrar, para quienes no lo logran.

Por lo tanto, es necesario insistir una y otra vez, que el enfoque debe ser abordar las causas de la migración, que implica la construcción de sociedades democráticas, libres de corrupción e impunidad, seguras, que brinden condiciones de vida digna para todas las personas, con oportunidades para todas y todos.