Guatemala y México: acuerdos de tercer país seguro pondrían en riesgo la vida e integridad de personas migrantes

Las Américas, 19 de junio de 2019.- Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciamos que los acuerdos de política migratoria propuestos por el gobierno de Estados Unidos a México y Guatemala resultan contrarios a las obligaciones internacionales de estos Estados y ponen en una grave situación de riesgo a las personas migrantes y solicitantes de asilo.

De firmarse el “acuerdo de tercer país seguro” entre EEUU y Guatemala, las personas que han transitado por el país centroamericano no podrían solicitar asilo en los Estados Unidos. Bajo este acuerdo, las personas que llegan a los Estados Unidos solicitando asilo podrían ser devueltas a Guatemala o a sus países de origen.

Por su parte, aunque México se ha expresado en contra de firmar un acuerdo de esta naturaleza, la presión continúa, y el gobierno mexicano ya ha aceptado una serie de medidas, como la política de “Quédate en México”, que exponen a las personas en necesidad de protección internacional a condiciones de inseguridad y vulnerabilidad, al tiempo que violentan su derecho a solicitar asilo.

Ante la amenaza de que se avance con estos acuerdos, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves consecuencias que estas medidas tendrían en la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En específico, subrayamos que ni en Guatemala ni en México existen actualmente las condiciones para constituirse como tercer país seguro. Todo lo contrario, actualmente estos países son incapaces de ofrecer garantías suficientes para proteger la vida, libertad e integridad personal de las personas solicitantes de asilo.

En este sentido, la situación de inseguridad generalizada en estos países, particularmente en las zonas fronterizas, aumenta las condiciones de vulnerabilidad y exponen a las personas migrantes y en necesidad de protección a riesgos similares o peores a los que las obligaron a desplazarse en primer lugar. Cabe mencionar que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Guatemala es el segundo país del “Triángulo Norte” con mayor cantidad de solicitudes de asilo registradas en los Estados Unidos, por lo cual resulta evidente que este país no puede ser reconocido como un país preparado para garantizar los derechos de las personas en busca de protección. Además, un acuerdo de esta naturaleza implicaría una presión adicional a una institucionalidad débil que, en las condiciones actuales, no puede resolver siquiera las necesidades básicas de amplios sectores de la población que vive en su territorio.

Aunque existen excepciones dentro de un acuerdo de tercer país seguro en casos de reunificación familiar o menores no acompañados, tanto en estos dos países como en los Estados Unidos existen obstáculos generalizados para que las personas migrantes y solicitantes de asilo puedan contar con representación legal adecuada y acceder a procedimientos que garanticen el debido proceso, lo cual limita la aplicación de estas excepciones y mantiene la amenaza de que las personas sean devueltas a pesar de su situación de riesgo.

Por otro lado, recordamos a los Estados que la devolución de personas solicitantes de asilo a sus países de origen, o a uno donde su vida o libertad estén en riesgo, es contraria a las obligaciones internacionales de los Estados, en particular, al principio de no devolución, plasmado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, y considerado una norma de derecho consuetudinario, es decir, de cumplimiento obligatorio.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento expresamos nuestro profundo rechazo ante la intención de adoptar medidas de carácter regresivo y requerimos que los Estados se abstengan de firmar un acuerdo de tercer país seguro o instrumentar mecanismos similares con los Estados Unidos. Además, demandamos que eviten adoptar cualquier medida que sea contraria a sus obligaciones internacionales y violente los derechos de las personas a salir de sus países y a buscar protección internacional.

Asimismo, hacemos un llamado a los Estados de la región para trabajar de manera articulada, de la mano de organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y población migrante y refugiada, con el fin de responder a la situación de movilidad humana en concordancia con estándares internacionales; fortaleciendo los marcos de protección ya existentes; y garantizando los derechos humanos de las personas en busca de protección internacional, en particular de las poblaciones más vulnerables.

Organizaciones firmantes: