Estados Unidos, México y Centroamérica fallan rotundamente en su obligación de proteger a personas migrantes

Las Américas, 18 de diciembre de 2019.- En el marco del Día Internacional de las personas Migrantes, organizaciones de derechos humanos denunciamos que Estados Unidos, en complicidad con México y Centroamérica, está poniendo en grave riesgo la vida e integridad de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo al implementar políticas migratorias abiertamente orientadas al cierre y militarización de las fronteras; la detención y deportación de las personas con necesidades de protección internacional; y la obstaculización del derecho a solicitar asilo.

En el último año, México, Guatemala, Honduras y El Salvador han implementado medidas y acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos que exponen a las personas migrantes a graves condiciones de inseguridad. A la fecha, alrededor de 55.000 personas solicitantes de asilo en los Estados Unidos han sido devueltas a México para esperar sus audiencias bajo los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP), conocidos también como “Quédate en México”, sin que el gobierno mexicano les garantice acceso a derechos básicos, como se comprometió al firmar dicho acuerdo.

Aunado a esto, el pasado 19 de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el reglamento que dio inicio a la implementación de los “Acuerdos de Cooperación sobre Asilo” (ACA) con Guatemala, Honduras y El Salvador. Mediante estos acuerdos, las personas que se declaren inelegibles para solicitar asilo en Estados Unidos serán devueltas a los países centroamericanos, caracterizados bajo la figura de “tercer país seguro”, con el propósito de limitar la elegibilidad para asilo en el país norteamericano. Estas dos se suman a otras políticas que Estados Unidos ha asumido para bloquear el acceso al asilo en su frontera sur.

Como consecuencia de estas políticas, más de 600 personas devueltas a México han denunciado haber sido víctimas de secuestro, violación, extorsión, tortura y otros ataques violentos, perpetrados, en algunos casos, con participación de agentes del Estado mexicano, según informes de la organización Human Rights First. Estos, sin embargo, representan tan solo una fracción de los ataques, pues muchos casos no son denunciados o documentados. Por su parte, medios de comunicación han informado que al menos 24 personas, entre hondureñas y salvadoreñas, han sido devueltas a Guatemala desde el 22 de noviembre a raíz de los ACA. Los medios también advierten la devolución de los primeros grupos familiares, que incluirían a niños y niñas.

Estos acuerdos, además, se han empezado a implementar de manera opaca, sin mínimas formalidades a nivel interno, y sin que los Estados asuman medidas de recepción o atención para las personas devueltas. Al respecto, hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de ninguna medida adoptada por el gobierno de Guatemala para atender a esta población, por lo que esta labor ha recaído en su totalidad sobre organizaciones de sociedad civil.

Como ha alertado la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la política de asilo de Estados Unidos “se trata de un enfoque contrario al derecho internacional, que podría dar lugar al traslado de personas muy vulnerables a países donde sus vidas podrían correr peligro”. En este sentido, las organizaciones firmantes denunciamos, nuevamente, que ni México, ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y protección efectiva de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de esa condición. Todo lo contrario, estos países son incapaces de ofrecer garantías suficientes para proteger a su propia ciudadanía, mucho menos a las personas solicitantes de asilo devueltas de Estados Unidos.

Adicionalmente, los acuerdos migratorios implican una presión importante sobre una institucionalidad débil que no cuenta con la capacidad de asumir la protección de las miles de personas que serían devueltas. Para ejemplificar, más de 160,000 personas de nacionalidad hondureña y salvadoreña pidieron asilo en Estados Unidos durante 2018, mientras que, para el mismo año, el Instituto Guatemalteco de Migración atendió sólo 262 peticiones de refugio.

Los Estados de la región tampoco cuentan con la capacidad para garantizar el acceso de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a salud, vivienda, trabajo y educación. En cambio, esta población enfrentará en los países mesoamericanos condiciones tanto o más graves que aquellas que les obligaron a salir de su país en un primer momento.

Así, en este Día Internacional de las Personas Migrantes, las organizaciones firmantes rechazamos de manera contundente la regresiva política migratoria estadounidense implementada en connivencia con los Estados de México y Centroamérica, y denunciamos que los gobiernos de la región no solo están fallando de manera rotunda con su obligación de garantizar los derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional, sino que están exponiéndolas a graves riesgos.

Hacemos un llamado urgente a que los Estados de la región tomen las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y los derechos humanos de las personas migrantes, al tiempo que frenen la implementación del protocolo y los acuerdos ya mencionados, y se abstengan de firmar o instrumentalizar otros mecanismos de la misma naturaleza.

Finalmente, las organizaciones firmantes aprovechamos esta fecha para reiterar nuestro compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, en particular de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Junto a ellas y ellos continuaremos caminando hasta alcanzar una región que garantice la protección y el reconocimiento pleno de sus derechos.

Organizaciones firmantes:

Internacional:
Amnistía Internacional
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
OXFAM