Denuncian ante CIDH violaciones derivadas de expulsiones de personas solicitantes de asilo y migrantes desde EEUU y México hacia Guatemala

El 20 de marzo de 2020, frente a la pandemia por COVID-19, Estados Unidos invocó el “Título 42”, una ley de salud pública para prohibir el ingreso al país de personas sin documentación migratoria adecuada y permitir la expulsión inmediata de personas que hayan entrado de manera irregular al país, sin acceso a un debido proceso ni garantías mínimas contra la devolución.

El pasado 16 de septiembre, un Juez del Distrito de Columbia suspendió temporalmente la expulsión de familias migrantes con niños, niñas y adolescentes bajo el Título 42, al determinar que la expulsión de personas con necesidad de protección internacional bajo esta ley es ilegal. El Gobierno del presidente Joe Biden apeló la decisión, que debería entrar en vigor en los próximos días.

A la fecha, la aplicación de esta ley, que carece de fundamentación desde una óptica de salud pública, ha resultado en la expulsión de personas solicitantes de asilo y migrantes desde Estados Unidos al sur de México y, posteriormente, hacia Guatemala. Frente a ello, 11 organizaciones de EEUU, México y Centroamérica presentaron información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos que aseguran constituyen “una devolución en cadena, la cual es una violación gravísima de los derechos de las personas al acceso al procedimiento de asilo, al acceso al territorio, a la no devolución y al debido proceso, entre otros”.

De acuerdo con las organizaciones, las personas migrantes y solicitantes de asilo han sido deportadas en vuelos de expulsión desde Estados Unidos al sur de México, donde son inmediatamente conducidas por autoridades mexicanas a la frontera con Guatemala y obligadas a cruzar, sin acceso a ningún tipo de debido proceso ni procedimiento para evitar la devolución de personas con necesidad de protección. De ahí, según han documentado, las personas son trasladadas por vía terrestre y de forma irregular al territorio guatemalteco, en donde son abandonadas en condiciones precarias y sin ningún tipo de asistencia humanitaria, enfrentando graves riesgos para su integridad y su vida.

Esta práctica, denunciada por organizaciones de sociedad civil y por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), carece de cualquier apariencia de legalidad y se fundamenta abiertamente en una cruel política de disuasión a personas migrantes y con necesidades de protección internacional, que hasta la fecha no consta en ningún instrumento normativo que pueda ser apelado o constitucionalmente cuestionado en México o Guatemala, sostienen las organizaciones.

Todo lo anterior sucede en un contexto de creciente militarización del control migratorio y peligro extremo para las personas en movilidad que transitan hacia Estados Unidos.

Frente a esta situación, las organizaciones solicitan que la CIDH requiera información a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala respecto a: la implementación de las devoluciones en cadena; los protocolos de cada país para garantizar el derecho a solicitar asilo a las personas que son expulsadas bajo esta práctica; la base normativa de los países para llevar a cabo estas expulsiones; así como estadísticas desagregadas acerca de las personas expulsadas, incluyendo edad, género, condición de vulnerabilidad, nacionalidad, fecha de expulsión y puntos aéreos y/o terrestres por los cuales fueron expulsadas.

Las organizaciones que comunicaron la situación a la CIDH son: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, miembro de la Red Jesuita con Migrantes Guatemala, la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica y Norteamérica RJM CANA, el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C., la Fundación Cristosal, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial ECAP, el Foro de ONG Internacionales en Guatemala (FONGI), Women’s Refugee Commission (WRC), Asylum Access México (AAMX) A.C., y la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG).