Carta pública: Organizaciones llamamos al gobierno mexicano a no participar en acciones como Título 42

Presidente, Andrés Manuel López Obrador

Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón

Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez

Ciudad de México, 13 de agosto de 2021.- Las organizaciones, redes de organizaciones y personas firmantes llamamos a la congruencia entre el discurso y las acciones para garantizar una migración segura y regular. Con gran preocupación hemos visto el apoyo que el gobierno mexicano ha dado a diversas acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración que lejos de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes.

La más reciente colaboración son los vuelos desde Estados Unidos a diversos estados del centro y sur del país para que las personas expulsadas de territorio estadounidense, bajo su política Título 42, sean llevadas posteriormente por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, vía terrestre, a la frontera con Guatemala, abandonándoles a su suerte sin ningún procedimiento legal ni la posibilidad de buscar asilo en México. En los últimos 8 días se han registrado más de 6 vuelos a Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México con entre 200 y 300 personas por vuelo.

Sabemos que su gobierno aceptó participar en la implementación del Título 42 desde el 21 de marzo de 2020, sólo un día después de que el gobierno estadounidense la anunció, y que se comprometió a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la COVID-19, como mujeres embarazadas, niñez y adolescencia. No obstante, hemos documentado como en los vuelos hay un porcentaje importante de estas poblaciones así como de nacionalidades diferentes a las comprometidas.

Los testimonios de las personas que han sido expulsadas desde Estados Unidos a México han narrado como al bajar del avión son llevadas por el INM a la frontera con Guatemala para que crucen, sin que se les informe de su derecho a solicitar asilo en México o a regularizar su situación migratoria, además de no contar con ningún documento que muestre que son expulsadas por el gobierno estadounidense. Tampoco hay intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar su interés superior como está establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El día de ayer, 12 de agosto, el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló en conferencia de prensa que la estrategia de enviar a las personas en vuelos a diferentes estados de México es “para que sea más difícil para las personas volver a intentar cruzar a Estados Unidos”, una declaración alarmante pues no sólo coloca en su gobierno la responsabilidad de proteger la vida de esa población, sino que lo hace cómplice de las violaciones del derecho al asilo, del principio de no devolución y acepta la externalización de la frontera del gobierno estadounidense. Estamos convencidas que su gobierno no quiere esa carga y que desde nuestra soberanía podemos construir mejores alternativas en materia migratoria y de asilo.

Como sociedad civil nos rehusamos a creer que su gobierno ve con buenos ojos que se regrese al peligro a la niñez y las familias que buscan protección en Estados Unidos, o que avale la violación de derechos o acciones que van en contra de nuestra Constitución y demás legislaciones sobre migración y asilo, nuestros compromisos internacionales y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que el Estado mexicano ha impulsado.

Su gobierno ha demostrado que puede rectificar, por lo que no podemos repetir lo sucedido con más de 72 mil personas regresadas a México bajo el Protocolo “Quédate en México” o MPP, vigente de enero de 2019 a enero de 2021, que colocó a esas personas como carne de cañón de secuestros, extorsiones, abusos de autoridad, violaciones de derechos, condiciones precarias de vida, y la muerte. Aunque su gobierno participó plenamente en esa política, no podemos repetir los mismos errores y volver a permitir incalculables impactos en la salud física y emocional de quienes huyen de su país para salvar su vida.

Como lo hemos expresado en diferentes comunicaciones a su gobierno, cualquier política o acción encaminada a frenar la migración está destinada al fracaso porque las razones que empujan a las personas a salir de sus países siguen vigentes y la pandemia las agudizó. Sabemos que su gobierno ha implementado esfuerzos para combatir de fondo las causas de la migración, sin embargo, es una acción a mediano y largo plazo, mientras que en el corto plazo las personas siguen huyendo de su país para salvaguardar su vida y necesitan acciones que las protejan y no que las regresen a sitios inseguros o que las obliguen a contratar a traficantes en su desesperación por salvar su vida y las de sus familias.

Estamos convencidas que como país, que su gobierno, puede hacerlo mejor si trabajamos en coordinación y dejamos de participar en acciones binacionales que no garantizan la protección de la vida y la seguridad de las personas migrantes y solicitantes de asilo, mucho menos su acceso a información para regularizar su situación migratoria, su derecho al asilo, su derecho de no devolución y el acceso a la justicia y el debido proceso. Conocemos el compromiso de su gobierno para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, y la población migrante no puede ni debe ser la excepción.

Este llamado es a replantear su participación en acciones contrarias a nuestra Constitución, llamado que también han realizado instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otras agencia de la ONU y organizaciones de la sociedad civil que llevan una semana monitoreando los vuelos y la devolución en cadena.

Como sociedad civil nos comprometemos a sentarnos para buscar mejores alternativas a las necesidades de protección de las personas sin que eso implique participar de acciones como Título 42 o cualquier otra parecida a lo que fue el Protocolo “Quédate en México”.

Atentamente:

Organizaciones y Redes de organizaciones de la sociedad civil

A-brazo de lucha

AFROntera colectiva antirracista

Albergue Decanal Guadalupano, Tierra Blanca, Veracruz

Alianza Binacional Migración y Desarrollo AC

Alma Migrante, A C

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Asociación Pop No’j, Guatemala

Asylum Access México (AAMX) AC

Bloque Latinoamericano sobre Migración- Bloque LAC

Bloque Latinoamericano sobre Migración

Centro 32º (Families Belong Together)

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena A.C.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales

Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa”, Universidad Iberoamericana

Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiteriana

Consultoría en Género, Periodismo y Comunicación

Creando Soluciones para el Desarrollo Social y Humano A.C

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana

Espacio Migrante A.C.

Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Fundación para la Justicia (FJEDD)

Global Exchange

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Claudia Martínez Medrano, Jocelín Mariscal Agreda y Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica.

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Iniciativa Kino para la Frontera

Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

National Network for Immigrant and Refugee Rights

Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos (ARGOS)

Organización México Americana para el Desarrollo, A.C. (OMADES)

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM)

Red de Mujeres del Bajío AC

Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura

Red Nacional de Periodistas

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados

Servicio Jesuita a Migrantes México

Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres

Sin Fronteras IAP

Uno de Siete Migrando A.C.

Personas

Adriana R. Vanegas

Ana Mercedes Saiz Valenzuela

Ana Stern

Concepción Suárez Aguilar

Dolores Soto

Edith Escareño Granados

Erika Cervantes Pérez

Fabiola Melina Torres Ávila

Gustavo López Castro

Hna. Tracey Horan, SP

José Betancourt Villa

María concepción Argüelles González

Mary Chávez, Red Nacional de Periodistas

Mercedes Pérez

Norma Haydeé Corona Flores

Silvia García Rubio

Thalía Vega

Yuriria Pérez Vigueras