Carta pública al Estado de Costa Rica en el Día internacional de la persona migrante

Costa Rica no puede perder la oportunidad de ser ejemplo mundial de garantía y respeto a los derechos humanos de las poblaciones obligadas a dejar su país de origen. 

San José, 18 de diciembre de 2020.- La pandemia por COVID-19, los desastres climáticos y las crisis democráticas han impactado gravemente la situación de poblaciones históricamente vulnerabilizadas en Centroamérica. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de esta protección, son sin la menor duda, de los grupos más afectados. Es por eso que hoy, en el Día internacional de la persona migrante, las organizaciones firmantes llamamos al Estado costarricense a tomar todas las medidas necesarias, para garantizar el respeto de los derechos humanos, de manera integral y efectiva, a cada una de las personas obligadas a huir y que han buscado protección en Costa Rica.

En la respuesta a la pandemia por el COVID-19 y en el próximo proceso de vacunación, el Estado de Costa Rica debe garantizar los derechos a la salud e integridad personal de las personas migrantes forzadas, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad. Esa es la única manera de erradicar la crisis sanitaria que ha golpeado al mundo, evitando que los grupos humanos más frágiles queden excluidos de la atención integral necesaria.

Reconocemos que a lo largo de este 2020 el Estado costarricense ha tomado medidas para retrasar el contagio y responder al complejo contexto socioeconómico que enfrenta el país. Con respecto a la situación de la población en movilidad humana, saludamos los llamados de autoridades a eliminar las expresiones xenofóbicas en la población, y la implementación de medidas como la creación de una categoría especial temporal de protección complementaria para personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas a quienes se les haya denegado su solicitud de refugio. Estaremos pendientes de su efectiva implementación.

Sin embargo, sostenemos que las acciones implementadas han resultado insuficientes para responder al contexto de crisis. Todavía existe una necesidad notoria de tomar medidas diferenciadas para atender la situación de poblaciones migrantes que se encuentren en alto riesgo. Además, como hemos denunciado anteriormente, resulta preocupante la implementación de medidas regresivas o discriminatorias en contra de la población migrante, en particular contra la población nicaragüense, expuesta de por sí a condiciones de inseguridad jurídica y precariedad económica. Ejemplos de ello son los obstáculos para el acceso a la población migrante a servicios de salud, y la decisión de la Dirección General de Migración y Extranjería del pasado 05 de noviembre de no aprobar solicitudes nuevas para la Categoría Especial de Trabajo como Empleada Doméstica.

Estas medidas regresivas se suman a deudas históricas del Estado costarricense con la población migrante, refugiada y solicitante de esta protección. Denunciamos los obstáculos que continúan limitando las posibilidades de las personas migrantes para normalizar su situación migratoria, entre ellos los altos costos de las gestiones migratorias; la cantidad de requisitos y la falta de acceso a servicios de orientación y asistencia legal. Asimismo, denunciamos las dificultades de acceso de esta población al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo, situación agravada en el marco de la pandemia.

Frente a este contexto, hacemos un llamado al Estado de Costa Rica a tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población migrante, refugiada y solicitante de protección internacional. Esto implica incluir a esta población, sin discriminación alguna, en las respuestas estatales por la pandemia por COVID-19; reconocer y actuar frente a deudas estructurales del país con estos grupos humanos que hacen parte indispensable de la sociedad costarricense; y asumir las acciones necesarias para la garantía de derechos ante el probable aumento en la migración que puede devenir como consecuencia de la pandemia, los desastres climáticos y las crisis políticas que enfrenta la región.

Reiteramos, además, la necesidad de que, en respuesta a la crisis sanitaria, el Estado costarricense cumpla con los lineamientos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Esto incluye, entre otros: abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19; implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana; e incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica.

En el Día internacional de la persona migrante, llamamos al Estado costarricense a honrar su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas las personas, mediante avances concretos que garanticen el reconocimiento pleno de la dignidad y los derechos de esta población, sin discriminación y medidas retrógradas.

Esperamos que en el marco de esta crisis avancemos hacia la construcción de sociedades más solidarias y que reconozcan la interdependencia. Confirmamos nuevamente nuestro compromiso con los derechos de todas las personas que caminan por una vida digna en nuestra Centroamérica.

Organizaciones firmantes:

Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica