Ante Corte IDH: a pesar de avances, situación de riesgo se mantiene para personas migrantes detenidas en el Darién, Panamá

En audiencia, la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio, solicitó al Estado de Panamá presentar información sobre el acceso de las personas migrantes a atención de salud frente al COVID-19, salud sexual y reproductiva y salud mental; sobre su acceso al agua; sobre prevención del hacinamiento, entre otros. Además, hizo un llamado a la vacunación de la población migrante sin discriminación.

San José, 07 de mayo de 2021.- El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública virtual para revisar el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas el año pasado a las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias La Peñita y Lajas Blancas en la provincia de Darién en Panamá. En el espacio, representantes del Estado panameño, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como organización representante de las personas beneficiarias, presentaron información actualizada sobre la implementación de dichas medidas.

Estas medidas se otorgaron a través de una resolución en julio del año pasado, en el marco de la supervisión en el caso Vélez Loor sobre detención migratoria, y ante el grave riesgo que supone la detención para las personas migrantes en el marco de la pandemia por COVID-19. Frente a ello, la Corte IDH ordenó al Estado panameño adoptar todas las medidas necesarias para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de esta población. Para esto, entre otras cosas se incluye: reducir el hacinamiento; establecer planes de prevención y respuesta ante la COVID-19; prevenir el riesgo de violencia contra mujeres, niños y niñas; y brindar a las personas migrantes acceso gratuito y sin discriminación a servicios de atención en salud.

Durante el espacio celebrado el día de hoy, el Estado panameño informó sobre el cierre del centro de detención migratoria La Peñita en enero de 2021, así como la apertura del centro de detención migratoria de San Vicente. Como se mencionó en la audiencia, esto representa un importante avance para el cumplimiento de las medidas provisionales con respecto a la reducción del hacinamiento. Sin embargo, de acuerdo con representantes de CEJIL, aunque ha habido avances, el Estado sigue sin cumplir la mayor parte de las medidas ordenadas por el Alto Tribunal y continúa practicando una política estatal de detención automática de personas migrantes, en contravención a la sentencia dictada desde 2010 en el caso Vélez Loor.

En esta línea, las representantes sostuvieron que el hacinamiento continúa, ejemplo de ello es que en que en el centro de detención de Lajas Blancas permanecen 531 personas, aunque su capacidad total es de solo para 400 personas. Además, con respecto a las condiciones físicas y estructurales de este centro, señalaron que, según un informe de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja de Panamá, “las carpas familiares están severamente deterioradas, se cuenta con tres plantas de potabilización de agua de tipo autónoma (solar), pero ninguna de las tres funciona”.

Sostuvieron, además, que en Lajas Blancas existe una constante dificultad para acceder a atención médica de calidad, y que, según el mismo informe, “el número elevado de personas alojadas en Bajo Chiquito y Lajas Blancas saturan la capacidad de servicios de salud que actualmente operan ahí”.
En general, las representantes de CEJIL denunciaron que el Estado de Panamá no ha proporcionado información clara y oportuna sobre las medidas implementadas en la Provincia de Darién. Al respecto, la presidenta del Tribunal, Elizabeth Odio sostuvo que la falta de información y cumplimiento por parte del Estado mantiene el riesgo para las personas migrantes.

Además, la presidenta solicitó al Estado información sobre el acceso de la población migrante a la salud, en particular la prevención, atención y vacunación frente al COVID-19; el acceso de las mujeres a salud sexual y reproductiva; y la atención en salud mental. Consultó también sobre el acceso al agua; las medidas de prevención contra la violencia de género y la violencia sexual; las medidas de prevención del hacinamiento, entre otros.

Finalmente, don Jesús Vélez Loor, víctima del caso que dio lugar a las medidas, reconoció que la impunidad en su caso da lugar a que hechos como los que él vivió se repitan, con el riesgo adicional que representa la pandemia. Junto a CEJIL solicitó a la Corte IDH, entre otras cosas, que, una vez que existan las condiciones adecuadas, se evalúe la posibilidad de realizar una visita in situ en la Provincia de Darién, con el fin de verificar la situación en la que se encuentran los centros de detención.

En las próximas semanas, el Estado de Panamá deberá presentar por escrito información adicional para dar respuesta a las consultas realizadas por la Corte IDH.

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